La historia se integra por largos procesos que desembocan en una fecha determinada.
Todas las naciones celebran y conmemoran su historia en base a fechas: la independencia, la instauración del congreso, la caída de tal ciudad, la entrada a otra, la derrota en tal región. Pero esas fechas solo representan la culminación de procesos que son profundamente tortuosos, escabrosos.
En la historia del México de las instituciones dos han sido las fechas que han marcado capítulos específicos: el 2 de octubre de 1968 y el 23 de marzo de 1994; la noche de Tlatelolco y el magnicidio en Lomas Taurinas; ambos fueron golpes devastadores para el sistema político. Fueron el preámbulo de una frenética pero fallida búsqueda de la democracia.
Esa búsqueda infructuosa que desembocó en una alternancia catastrófica: los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero tal fue el desastre que México quiso volver a aquella añorada estabilidad priísta.
La tragedia nacional estriba en que el regreso fue mucho peor a todo lo visto en un siglo de historia. Los tres años de Enrique Peña Nieto representan la mayor hecatombe nacional, sin parangón alguno.
La debilidad de la partidocracia y la vocación a prostituir sus premisas e identidad ideológica llevaron a la formación de un gran pacto que permitió la instauración de las reformas. En realidad solo son los dictados impuestos desde Washington y en algunos casos, como se ha documentado, en específico desde el escritorio de Hillary Clinton.
Pero en el terreno de la gobernabilidad estamos ante la mayor crisis que se haya visto. Simplemente es un escenario inédito, insólito. El espectáculo de un Estado maniatado frente a la dictadura rupestre del crimen organizado.
Estado y delincuencia se han mimetizado en algunas regiones hasta el grado de convertirse en un solo ente, un solo monstruo.
En algunos puntos del país, como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas ya desapareció el concepto de niveles de gobierno. El crimen organizado, bárbaro y primitivo, impone su ley de “plata o plomo” y crea una gran nómina en la que lo mismo están los policías de barandilla que generales a cargo de regiones militares.
Esto es lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. La orden de un solo hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, desató un ataque coordinado, una cacería al unísono de todas las corporaciones policiacas detrás de 180 víctimas directas, de las cuales hay 43 desaparecidas.
Bajo la voz de un solo mando actuaron policías municipales, estatales y federales, ante la mirada complaciente de elementos del Ejército Mexicano.
El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo todo lo posible para ocultar esto.
Pero la intervención de un grupo internacional reunido en el “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) derrumbó la mayor investigación ministerial hecha en este país.
La Procuraduría General de la República en su momento se ufanó de la “más completa y sofisticada” investigación jamás realizada. Hoy sabemos que todo fue una farsa, un fraude, un montaje más. Que la pesquisa solo fue una parodia llena de desaseo y omisiones deliberadas.
Todo indica el encubrimiento desde los más altos niveles del Estado Mexicano, desde el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, quienes deliberadamente crearon una realidad alterna, con el único fin de encubrir la participación de agentes gubernamentales en la desaparición de 43 jóvenes.
Las resoluciones del “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) en realidad representan la muerte del sistema político mexicano como lo conocemos. Hoy es un ente desahuciado. Podrá vegetar unos años más, pero en realidad ya está muerto.
Fue de tal calado la resolución, que el Estado quedó exhibido en completa, total putrefacción.
Así como el 2 de octubre y el 23 de marzo representaron fechas determinantes para el México contemporáneo, así de la misma manera debe verse al 6 de septiembre de 2015, como el día en que el sistema murió.
Como todo ser vivo algunos de sus órganos, de sus células todavía vegetarán por un tiempo, pero el sistema como tal esta liquidado, muerto.
La dramática ignorancia de Peña Nieto y de sus tíos del Grupo Atlacomulco no les permite ver la gravedad de las conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El Estado de Derecho ha desaparecido, la republica esta en la ingobernabilidad.
Pasarán años para que se perciban los efectos, las secuelas del 6 de septiembre. No esperemos reacciones inmediatas. El daño infringido a lo que quedaba del Estado Mexicano es mucho más grande de lo que se pueda asimilar. Es imposible dimensionar sus consecuencias en este momento.
Lo único que está claro es que el actual sistema político ya nada representa.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com, sin mx.