Con toda certeza podemos asegurar que la actual administración federal desconoce la tesis “laissez faire, laissez passer”, una premisa acuñada en Francia durante el siglo XVIII que significa “dejar hacer, dejar pasar”.
Esa corriente pugnaba por una ausencia total del Estado en materia económica. De esa manera el libre mercado debería regularse a si mismo, ante un gobierno omiso. En el terreno de la práctica las medidas eran muy simples: libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libertad de contratos, libre mercado laboral, cero aranceles y subsidios.
La cita a la proposición “Dejar hacer, dejar pasar” viene a cuenta por la completa ausencia del Estado mexicano, en un área que no es la economía, sino la política de Seguridad Interior.
Al inicio del sexenio se realizó un intenso cabildeo para sacar adelante las modificaciones que permitieron crear la Guardia Nacional, una fusión del Ejército Mexicano, Marina Armada y Policía Federal para integrar la mayor fuerza policiaca en la historia de México. También se hizo el público compromiso de sacar a las tropas de las calles en breve plazo.
Se aseguró que todas las mañanas en punto de las 6 horas se realizaba una reunión del gabinete de seguridad para conocer y diagnosticar las circunstancias de violencia y criminalidad, para desde ahí tomar las medidas respectivas.
Los hechos en los meses posteriores demostraron la endeble y raquítica realidad detrás de las declaraciones.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojaron un incremento en el número de homicidios dolosos en los últimos meses de 2019, pero un ascenso salvaje en 2020. En marzo México llegó a su mes más violento en la historia.
Los mensajes políticos que se han enviado son desastrosos, caóticos.
El 17 de octubre de 2019 se realizó un operativo federal que pretendía detener a Ovidio Guzmán, hijo del legendario capo.
La catástrofe tuvo una resonancia internacional. El gabinete de seguridad quedó exhibido como un aparato carente de sistemas de inteligencia; con nulo conocimiento de las organizaciones criminales; demostró una completa falta de coordinación entre fuerzas federales.
Al final del día quedó demostrado que el Cártel de Sinaloa doblegó y puso de rodillas al Estado mexicano.
Desde entonces no solo la referida organización, sino todos los cárteles que operan en el país se empoderaron, se mostraron abiertamente desafiantes, aceleraron sus operaciones y acrecentaron su poder.
Mientras tanto el gobierno federal nada hace; su reacción ante el incremento de la actividad criminal es completamente ausente.
Es del conocimiento de la opinión pública que los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto fueron grandes escenarios de simulación, montajes de una falsa guerra en contra del crimen organizado.
Fox, Calderón y su operador policiaco Genaro García Luna sirvieron de manera abyecta al Cártel de Sinaloa. Por su parte Peña Nieto permitió el crecimiento vertiginoso del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ambos regímenes, tanto los panistas como el fatídico retorno priista, fueron gobiernos cómplices y complacientes de la delincuencia organizada. Aunque para ello tenían que simular una falsa e infame guerra.
Pero hoy ni siquiera vemos un ejercicio de simulación o el intento de aparentar algún tipo de confrontación con los capos.
Los cárteles se pasean por todo el país con la confianza de que nadie los va a tocar, ni enfrentar. Frente a la pandemia los grupos criminales han acrecentado su preeminencia social; lo mismo reparten miles de despensas en zonas urbanas o rurales; imponen “toques de queda”; aplican castigos corporales a quienes no respetan el aislamiento; controlan municipios y regiones enteras.
Todo esto ocurre frente a un Estado ausente, omiso, absolutamente inoperante.
Cuando el poeta Javier Sicilia, en representación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), solicitó una audiencia con López Obrador fue objeto de las mayores bajezas e infamias que se hayan volcado contra un colectivo de víctimas.
Pero el trato fue muy diferente para María Consuelo Loera Pérez, la madre de Joaquín Guzmán Loera, quien recibió el saludo presidencial y la promesa de repatriar a su hijo.
Es falso lo que se dijo en una conferencia mañanera de que se buscaba que la madre pudiera visitar a su vástago en la prisión de máxima seguridad de Colorado. La realidad la petición estriba en gestionar la repatriación del capo. Esa es la intención de la familia Guzmán y sus abogados.
Frente a la gran mayoría de los cárteles, el gobierno federal se muestra lejano y omiso. Pero en el caso particular de la organización de Guzmán la intención es de clara, evidente e inobjetable colaboración. Tal y como lo hubiera hecho el mismo Calderón.
En días recientes la consumada periodista Anabel Hernández aseveró que “El Mayo” Zambada sostiene tratos con la actual administración federal. Esa expresión fue el aviso, la anticipación de una investigación devastadora. El tiempo siempre ha sido un extraordinario aliado de Hernández quien se adelanta por años a investigaciones judiciales.
El mundo se está protegiendo de la mayor pandemia de la historia.
Pero mientras tanto los cárteles mexicanos siguen creciendo de manera exponencial. Simplemente no tienen gobierno enfrente que les impida u obstaculice el avance. Estamos ante la representan de aquella tesis de “laissez faire, laissez passer”, dejar hacer, dejar pasar.
En 2024 cuando esta administración cierre su era, las organizaciones criminales serán más poderosas que nunca antes. Ya lo veremos.
Al tiempo.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com