En horas recientes el presidente López Obrador realizó una gira por Tamaulipas donde declaró: “al carajo con la delincuencia’.
Sobre los cárteles que operan en esa entidad el mandatario señaló que hay un grupo ‘muy beligerante al cual estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien’; fue entonces cuando subrayó ‘¡Ya al carajo la delincuencia! ¡Fuchi!, ¡Guácala!, es como la corrupción. “¡Fuchi! ¡Guácala!’
El ejecutivo federal sostuvo su tesis de apoyar a los jóvenes para detener la delincuencia que flagela al país.
Para estas alturas queda claro que López Obrador está completamente enfocado en sus programas asistenciales, pero que frente al problema de la violencia y la inseguridad no tiene una política clara, ni definida. Desde la campaña era evidente que no había una postura concreta frente al tema del México rojo.
En algunas ocasiones aludió a la llamada ‘amnistía’, pero hasta el momento los mexicanos no sabemos a qué se refiere, ni qué quiere decir con ese término. Las señoras Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier han tratado de dar su personal punto de vista, pero en realidad tal parece que ni siquiera ellas saben lo que pretende AMLO con esa tesis.
También desde el inicio del sexenio se dijo que el Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño no tenía conocimiento, ni experiencia en el área y que su labor sería de la ejecutar las órdenes del presidente.
Se asegura que todos los días a las 6 horas hay una reunión del gabinete de seguridad, pero es difícil de creer cuando vemos que la violencia se está agudizando en prácticamente todas las regiones del país o que el apoyo federal llega una semana después como sucedió en concreto en Tepalcatepec, Michoacán.
Sin duda una política integral que atienda a los jóvenes habrá de dar resultados, pero en un plazo de tres o cuatro años. Mientras tanto los negocios de los cárteles: narcotráfico, extorsión, trata de personas, huachicol, asaltos en carreteras, siguen desbordados.
La política de los abrazos y los carajos no está ofreciendo resultados en las calles y las carreteras de México. Por un asesinato que se esclarece hay 50 que permanecen impunes.
En horas recientes se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional detuvieron un grupo de 70 sicarios en el estado de Guerrero. Esa noticia debería repetirse todos los días, porque en diez entidades circulan convoyes de decenas de hombres armados.
Inevitable, inexorablemente el presidente López Obrador debe replantear su política de seguridad.
El mandatario no suele escuchar a las voces de especialistas, pero en este rubro debe hacer un esfuerzo mayúsculo. Debe crear consejos consultivos donde sean convocados una veintena de expertos; realizar diagnósticos, estado por estado y desde ahí trazar las estrategias.
Entonces el huésped de Palacio Nacional se dará cuenta de que el crimen organizado no se someterá ni con abrazos y mucho menos con carajos.
Lo que urge es que se aplique la ley comenzando por aquellas figuras oficiales que protegen a la delincuencia como son los jueces federales, fiscales, procuradores, secretarios de seguridad pública, presidentes municipales e incluso gobernadores.
Si López Obrador logra implantar un verdadero y auténtico Estado de Derecho no necesitará de abrazos, ni carajos. Solamente requiere de fiscales de mano dura, de profundo conocimiento jurídico y firme calidad moral.
De lo contrario su sexenio será una continuación de la catástrofe que vimos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Si no se implementa un régimen de Derecho, el Holocausto Mexicano no se detendrá y esto marcará fatalmente la Cuarta Transformación.
No importan los cientos de millones que se vuelquen en programas asistenciales, si la violencia no se contiene el sexenio fracasará.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com